Esta no es la mata que mata

Economía 27 Feb 2010 – 10:00 PM

Por: David Mayorga

Los productores nacionales de artículos a base de esta planta están empeñados en lidiar una intensa batalla jurídica contra las autoridades sanitarias, como el Invima, para que su comercialización no vuelva a ser restringida en el futuro.

Con una peinilla y una vela, mientras les robaba tiempo a sus lecturas de Ciencia Política, Fabiola Piñacué sellaba las bolsas plásticas en las que empacaba la hoja de coca que a diario consumía como miembro de la comunidad nasa.

Corría el año de 1996 y mientras los cocaleros del Putumayo se movilizaban a diario contra el gobierno de Ernesto Samper, sus compañeros de la Universidad Javeriana la buscaban para comprarle las infusiones de hoja de coca que al contacto con el agua bebían como si fuera un té. Todas las ganancias las utilizaba para pagar sus fotocopias de Ingeniería Electoral o Filosofía Política, almorzar y tomar el bus.

El negocio resultó tan bueno que a los pocos años Piñacué ya había conseguido una pequeña selladora para vender la hoja de coca molida en pequeñas bolsas. Para entonces, su comunidad vio que los productos fabricados con la hoja milenaria tenían una acogida cada vez mayor: en 1999, en el pueblo de Tierradentro (Cauca), se constituyó la cooperativa Coca Nasa, que también se encargaría de comercializar harina y galletas.

“La coca es uno de los cultivos más productivos. Da entre tres y cuatro cosechas al año”, comenta. Ahora, 14 años después de las primeras ventas universitarias, la cooperativa amplió su portafolio a las pomadas que curan dolores artríticos y reumáticos, las galletas con chocolate, el ron, el vino y la bebida gaseosa Coca Sek, fuente de disputas legales con multinacionales (ver nota superior).

El insumo principal siguen siendo las más de 20 arrobas de hoja de coca que cada mes, empacadas en costales, llegan a su fábrica en Bogotá; son recogidas por los indígenas de Togoima, San Andrés y otros resguardos de Cauca, pagadas a $300.000 el costal y purificadas y molidas en el barrio bogotano Carvajal.

Su principal producto, el té de coca, se vende en las tiendas naturistas de Cali, Medellín, Bucaramanga, Manizales y Bogotá, a razón de 5.000 cajas mensuales. El crecimiento de los pedidos los llevó a mezclar, desde hace siete años, especias como yerbabuena y manzanilla para ofrecer nuevos sabores. “Todo lo que se consigue por ventas va a parar a la compra de insumos”, explica Piñacué.

Pero el dinero es lo de menos. “La idea no es venir a la ciudad y dejarnos llevar por el modelo occidental. Creemos que nuestra cultura puede enfrentarse a unas transformaciones, pero conservando la identidad”.

La opinión de Occidente

La semana pasada, mientras transportaba tres costales de hoja de coca al molino, en Bogotá, Fabiola Piñacué fue arrestada por agentes de Policía bajo los cargos de tenencia de sustancias prohibidas.  Es una pelea de antaño, que se remonta a la Convención Única de Estupefacientes de 1961, auspiciada por la ONU para “prevenir y combatir” el uso y tráfico de estupefacientes, que incluyó a la hoja de coca dentro de la lista de sustancias de uso prohibido; además, instauró la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (Jife), que desde entonces restringió su uso, fabricación, comercialización, exportación y posesión.

Una directiva que el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) busca cumplir a toda costa. Cinco días después del arresto (que se zanjó con la liberación de Piñacué y la devolución de su mercancía), la entidad hizo pública una alerta sanitaria en la que previene sobre el consumo de productos y alimentos hechos a base de hoja de coca.

“En las acciones de vigilancia, inspección y control que realizamos encontramos cajas con té de coca y galletas con registros sanitarios de Invima. Sabemos que no hemos otorgado registros sanitarios para productos a base de coca”, asegura Laura Pasculli, subdirectora de Alimentos y Bebidas Alcohólicas de la entidad.

Pero, con documentos en mano, la cooperativa Coca Nasa está dispuesta a rebatir ese argumento. En 1999, el mismo año de su creación, los indígenas acudieron ante el Invima para tramitar los respectivos permisos sanitarios. Los funcionarios de entonces aseguraron que ese procedimiento podía ser realizado por la Asociación de Cabildos Juan Tama, máxima autoridad indígena de Cauca.

El 8 de junio de 2004, mediante la circular DG 100-00131-04, Julio César Aldana, entonces director del Invima, autorizó a la Asociación Juan Tama la producción de alimentos a base de coca “respetando las restricciones legales, en especial la Ley 30 de 1986 y la Ley 67 de 1993 sobre cultivo de plantas de coca”. Posteriormente, con fecha 18 de marzo de 2005, fueron publicados en el Diario Oficial los registros sanitarios especiales para bebidas hidratantes, productos de panadería, aperitivos con alcohol, pasta dental, jabones y mixturas de plantas y frutas deshidratadas, todos a base de hoja de coca.

Sin embargo, el Invima insiste en que la decisión indígena no es procedente. “Se requiere autorización especial de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) para proferir un registro sanitario de un producto que tenga como insumo la hoja de coca”, advierte César Arias, asesor jurídico del Instituto.

Cuestión de interpretaciones

En su segundo párrafo, la circular sanitaria hizo una advertencia que despertó la furia de los empresarios nasas: “El cultivo y uso de plantas como la hoja de coca por parte de las comunidades indígenas, de acuerdo con los usos y prácticas derivadas de su tradición y cultura, están restringidos a sus resguardos y no se ha autorizado la producción ni el consumo de estos productos para el resto del territorio nacional”.

Nuevamente la discusión debe trasladarse al pasado. La Convención de Viena de 1988, patrocinada por la ONU para restringir el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, consigna que cualquier medida sobre el tema debe respetar y tener en cuenta los usos tradicionales lícitos cuando exista evidencia histórica.

Es aquí cuando las interpretaciones jurídicas se enfrentan. Los nasas argumentan que la Constitución, en su artículo séptimo, protege sus prácticas culturales y ancestrales a lo largo y ancho del territorio nacional, visión que no es compartida por el Invima. “El texto reconoce la pluralidad y respeta esas costumbres milenarias de las etnias, pero lo hace dentro del territorio que tienen asignado”, comenta Arias.

Una realidad distinta pinta el artículo citado: “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”. Además, la Ley 30 de 1986 (que otorga facultades al DNE), el otro argumento jurídico del Invima para sustentar su advertencia, no nombra en ninguna parte los límites de resguardo alguno.

Por otra parte, el artículo sexto de la resolución 1478 de 2006 del Ministerio de la Protección Social, otro de los argumentos del Invima, le entrega al Estado el monopolio sobre la hoja de coca y las medicinas elaboradas a partir de ella.

Para los nasas, existe un deseo explícito para empujarlos y limitarlos a sus resguardos. “Los funcionarios públicos no tienen ninguna facultad legal para interpretar las normas. Están obligados a cumplirlas mientras no se deroguen o modifiquen por una autoridad competente”, señala Piñacué, quien buscará en las elecciones del próximo 14 de marzo llevar su reclamo al Parlamento Andino: “esta no es la mata que mata. Para nosotros es la hoja de la vida”.

La lucha sin cuartel por el Coca Sek

En 2006 la cooperativa Coca Nasa lanzó al mercado Coca Sek, la bebida gaseosa fabricada con hoja de coca. Fue en ese momento que inició su más largo dolor de cabeza.

Casi que de inmediato el proveedor de botellas de vidrio decidió suspender sus envíos sin argumento alguno. Casi que de inmediato, la gaseosa se vio envuelta en una batalla legal con The Coca-Cola Company por supuesta utilización irreglamentaria de una marca registrada.

“Que nos mande a decir la famosa compañía a cuál de las comunidades les pidió el permiso para comercializar nuestro nombre”, reclama Fabiola Piñacué, líder de Coca Nasa. Por si fuera poco, la Junta Internacional para la Fiscalización de Estupefacientes presionó al Gobierno colombiano recordándole las prohibiciones que existen sobre la planta.

Recientemente, la cooperativa no pudo cumplir con un pedido a la cadena Carrefour por las acciones del Invima.

http://www.elespectador.com/impreso/negocios/articuloimpreso190196-esta-no-mata-mata

 

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